El Movimiento Túpac Amaru (MTA). Por Julio Godio.
Sumario
1. Perfil del movimiento
2. El entredicho entre Morales y el MTA
3. Conclusiones
1. Perfil del movimiento
En la provincia de Jujuy, en el noroeste de la República Argentina, se viene desarrollando con gran velocidad un movimiento social de base indigenista. Constituido hace mas de una década para competir con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y su líder, el "Perro" Santillán, el Movimiento Túpac Amaru, liderado por Milagro Sala, recibió desde su formación el apoyo de los gobiernos provinciales, del Partido Justicialista (PJ) y de la Unión Cívica Radical (UCR). En el caso de la UCR, el Movimiento Túpac Amaru (de ahora en adelante, MTA) fue promovido en su inicio por el actual presidente de la UCR, el senador por esa provincia Gerardo Morales.
Desde mediados de los años ’90 se comienza a registrar en Argentina un incipiente pero constante proceso de organización de los llamados "pueblos originarios". Así los califica la Constitución Nacional de 1994, calificación que los habilita para reclamar, por ejemplo, la propiedad de la tierra donde habitan. Jujuy es una de las provincias con mayor densidad de pueblos originarios. La principal comunidad indígena es la aymará, con raíces en Bolivia y Perú.
El MTA se define como "americano" antes que como argentino, y reivindica la historia de la comunidad como anterior a la colonización española. La oposición al kirchnerismo acusa al gobierno nacional de promover al MTA no sólo desde el punto de vista económico, sino también utilizarlo como "fuerza de choque" contra los partidos de la oposición. El MTA reconoce sus fuertes relaciones con el kirchnerismo, pero al mismo tiempo es miembro de la CTA.
La provincia de Jujuy, como otras del país, está crispada por las tensiones entre el gobierno y la oposición. Hace dos semanas, la organización "Libertad", que es miembro de una red que incluye al MTA, realizó un violento ataque contra el senador Morales. El ataque no produjo heridos, pero conmocionó a la capital provin-cial, San Salvador del Jujuy. "Libertad" acusaba a Morales de favorecer la construcción de hoteles de lujo para el turismo internacional en tierras de las comunidades aborígenes.
Este incidente coincidió con la huelga de trabajadores de Kraft-Terrabusi, empresa de alimentos de ori-gen norteamericano situada en la provincia de Buenos Aires. La huelga fue dirigida por la Comisión Interna de la fábrica, controlada por la CCC-PCR, y se ha desarrollado al margen del sindicato de rama (STIA) y contra la dirección sindical nacional. Ha sido una huelga con fuerte impacto nacional.
2. El entredicho entre Morales y el MTA
El entredicho entre Morales-UCR y MTA-Libertad va aumentando. Morales, un radical con perfil coservador, terminó acusando al MTA de cortar rutas, tratar de cercar a la capital y promover una insurrección popular. Salas fue acusada de coordinar este plan con el propio Néstor Kirchner. Una parte del PJ jujeño amago con votar contra el kirchnerismo en el Senado Nacional a propósito de la ley de medios de comunicación, pero luego retrocedió.
El ataque de Morales al MTA ha sido muy fuerte. Acusa al MTA de ser una organización mafiosa, vinculada al tráfico de drogas. La respuesta del MTA no es menos fuerte. Acusa a Morales de recibir apoyo financiero estatal para construir hoteles y edificios. También afirma que Morales tiene inversiones en el Hotel Panorama (en El Salvador) y que aspira a quedarse con el Ingenio Azucarero "La Esperanza", actualmente en quiebra. El senador justicialista por esta provincia, Guillermo Jenefes, sería socio de Morales. Jenefes es propietario de un multimedios familiar provincial que incluye radios y el canal 7 de televisión.
Ahora bien, el MTA se ha convertido en una poderosa cooperativa que posee fábricas metalúrgicas y textiles, posee polideportivos con piletas de natación y comedores populares que alimentan a 50.000 niños. Las empresas del MTA dan trabajo a más de 10.000 personas. La capacidad de movilización del MTA es alta: han llegado a movilizar a 50.000 personas en las calles de la Capital.
Según el MTA, su interés no es participar abiertamente en política electoral. Prefieren organizarse al es-tilo del zapatismo mexicano. Ponen el acento en que en la provincia faltan 100.000 viviendas. El personal específico de las cooperativas de construcción abarca a unos 3.800 trabajadores.
El MTA no confronta solamente con el PJ y la UCR, sino también con la CCC-PCR y con el Partido Obrero. Pero no tiene rivales fuertes "a su izquierda". La red organizada por el MTA agrupa a 24 organizaciones sociales, predominando en su composición el componente indígena. Cuenta apoyo de sectores de la Iglesia Cató-lica Pero también recibe el apoyo de sectores medios progresistas de la Provincia que, opuestos a las fuerzas conservadoras, son votantes del PJ y de la UCR.
3. Conclusiones
El MTA -como otros movimientos sociales ("piqueteros")- se ha constituido en Argentina en el contexto de la crisis global de diciembre de 2001. Son movimientos sociales que reemplazan a los partidos políticos desgastados por la crisis, y al mismo tiempo arraigan en la sociedad en tanto sirven como herramientas para resolver problemas concretos: desempleo, alimentación, vivienda, salud, etc.
Estos movimientos se expanden velozmente durante 2002-2003, canalizando y organizando la distribución de planes sociales estatales. Después de 2003 van adoptando perfiles políticos definidos y, en general, se ubican o bien apoyando al kirchnerismo, o bien cerca de fuerzas de izquierda no-kirchneristas.
El caso del MTA no es una excepción dentro del desarrollo de los movimientos sociales. Pero sí es original en un punto: expresa demandas no sólo sociales sino también indigenistas. El cooperativismo de este movimiento se asienta sobre las antiguas tradiciones comunitarias de los pueblos quechua y aymará. La líder del movimiento, Milagros Sala, se parece más a un líder del zapatismo mexicano que a un dirigente de la izquierda leninista.
El arco político de Jujuy apoyó a Sala para sacarse del medio al "Perro" Santillán. Pero subestimaron la disposición de los líderes del MTA para construir esa potencial modalidad de "zapatismo argentino". Sus vínculos ideológicos y culturales con el gobierno de Morales en Bolivia son públicos.
Ahora la élite tradicional jujeña no sabe cómo resolver el "dilema". Por de pronto, la oposición política antikirchenrista machaca sobre la relación del MTA con el kirchnerismo, como si fuese algo censurable. La extensión y profundidad del "cooperativismo" hace difícil extirpar el fenómeno indigenista. No debe descartarse que se produzcan enfrentamientos violentos entre fuerzas conservadoras racistas y el MTA. Este conflicto local se inscribe como componente de la tensión actual entre el kirchnerismo y la desorganizada pero peligrosa oposición al gobierno nacional. La derecha vernácula no aceptara tranquilamente un MTA fuerte en el contexto de la celebración, el año próximo, de los 200 años de la celebración de la Independencia.
Nota publicada en Rebanadas de realidad
MOVIMIENTOS SOCIALES Y REFORMA POLÍTICA. Por Carlos Girotti (*)
Por una extraña coincidencia – o no tan extraña según se mire- los movimientos sociales vuelven a ocupar el centro de la escena justo en las vísperas de la discusión parlamentaria sobre la reforma política. No es por decisión propia que así ocurre, como ya es público y notorio, pero esta sorprendente figuración en la agenda reinstala un debate que se había eclipsado desde 2003 en adelante. La pregunta acerca de cuál es el papel de los movimientos sociales vuelve a cobrar una inusitada actualidad, aunque sus resonancias ya no sean las mismas de entonces.
En el contexto de la crisis de hegemonía que se abriera en 2001, la crisis específica de los partidos políticos y, por ende, la de la representación, explicaron en buena medida la emergencia de los movimientos sociales. Esta última categoría, usada y abusada para designar a los nuevos agrupamientos de desocupados, también incluyó al novedoso sindicalismo expresado por la CTA , a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares de las víctimas del gatillo fácil y del paco y a todo ese amplio abanico de resistentes al neoliberalismo.
Hasta los ahorristas prisioneros del corralito integraron esa compleja y multifacética embestida popular que el 19 y 20 de diciembre de 2001, apenas dos días después de que el Frente Nacional contra la Pobreza cosechara más de tres millones de votos con su Consulta Popular, echase al gobierno de Fernando de la Rúa. Un gobierno que, tan luego a una semana de iniciado su mandato, reprimiría salvajemente en el puente de Corrientes, asesinando a dos manifestantes, y que en sus últimas horas huiría dejando un tendal de más de treinta muertos.
Pues bien, legitimados en esas luchas, pero sin poder establecer un vínculo orgánico entre ellos, los movimientos avanzaron en medio de una sociedad atónita hasta que se toparon con la barrera infranqueable del fusilamiento a mansalva de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Fue a partir de esa represión que el gobierno impostor de Duhalde se animó a convocar a elecciones sólo para presidente y vicepresidente sin temor a que nadie le cuestionara la maniobra.
Ya con Néstor Kirchner en la presidencia, los piquetes y cacerolas tomaron rumbos distintos. Fluctuantes, las capas medias menguaron sus ímpetus díscolos y los acompasaron al ritmo del crecimiento económico. Por su parte, las organizaciones piqueteras, que se ya se habían iniciado en el duro oficio de arrancarle más planes sociales a Duhalde, derivaron en su mayoría hacia un apoyo político a Kirchner que se tradujo en la efímera constitución del Frente Patria para Todos y, más tarde, en la incorporación de muchos de sus mejores cuadros a la gestión de gobierno.
Entretanto, la CTA , a la espera del otorgamiento de su personería gremial, acompañó discretamente pero, a poco de andar, se encaminó hacia una postura cada vez más crítica del nuevo gobierno y, aún hoy, no obtuvo lo que por derecho propio le corresponde. Sea como fuere, lo cierto es que el conjunto de los movimientos sociales vio eclipsar el destacado protagonismo que había tenido en el período anterior y la teoría de que el nuevo sujeto político y social eran los desocupados pronto fue olvidada con la paulatina aunque siempre insuficiente recuperación de las tasas de empleo.
Ahora la situación es otra. Quizás, si Gerardo Morales y Elisa Carrió no se hubiesen entregado a su impotencia política, sus diatribas catastróficas y tremendistas contra el gobierno no hubiesen elegido como excusa a Milagro Sala. Pero lo hicieron y, de un modo impensado por ellos y por los escribas y movileros del poder real, lograron lo que nadie –ni el propio Néstor Kirchner- hubiera imaginado antes: el repentino frente común de actores políticos y sociales diversos que, hasta ese momento, transitaban sus propias veredas.
Como fue dicho al inicio, todo esto ocurre unos días antes de que se comience a debatir la reforma política. Las viejas y nuevas expresiones partidarias ingresarán en breve en un territorio absolutamente desconocido para los estilos y formas de la representación ciudadana. Pero la reforma, desde luego, aunque no está dirigida al accionar político de los movimientos sociales, impactará en ellos también. Es verdad que los movimientos sociales “hacen” política. Siempre la hicieron y no dejarán de hacerla; sin embargo, la pregunta crucial es ¿alcanza con “esa” política?
Con su experiencia concreta, la organización Túpac Amaru ha demostrado, a propios y extraños, que hay reservas intocadas por el neoliberalismo que, expresadas en términos culturales y organizativos, hablan de la existencia de una capacidad autónoma en el campo popular para trazar y alcanzar sus propios objetivos. Por cierto, no hubieran sido posibles sus logros sin el concurso activo y creciente de las políticas públicas que, desde 2003 en adelante, el gobierno y el Estado han implementado. Pero la materialización de esos logros ha dependido enteramente de un sistema de prioridades y de gestión colectiva que sólo existen porque hay una organización popular en condiciones de establecerlos.
Se necesita ser muy necio para cuestionar la legitimidad y representatividad que surgen de tantas y tan importantes realizaciones verificables en escuelas, viviendas, empleos, recreación, atención de la salud, integración comunitaria y recuperación y valorización de las culturas ancestrales. Ahora bien, si todo ello configura un punto de partida para una organización en particular, es imprescindible entender que no puede ser un punto de llegada para el conjunto de los actores que se dieron cita en Jujuy para el abrazo fraterno y solidario a la Túpac Amaru. La representatividad sectorial no es lo mismo ni equivale a la representación política, al menos al tipo de representación política que comenzará a discutirse por estos días.
Cuesta imaginar que un movimiento social se convierta en un partido político a la usanza tradicional (Milagro Sala dice –y lo bien que hace- que no cambiaría el papel que cumple por un cargo electoral o de gestión). Pero los movimientos sociales, inesperadamente convocados por la fantasmática destituyente, tienen ante sí la oportunidad de incidir de nuevo en la agenda política de la reforma. No fue de otro modo que un dirigente sindical encabezó el reclamo por las elecciones directas en Brasil y terminó siendo presidente por dos mandatos consecutivos, y que un indio aymara, líder de los cocaleros bolivianos, hiciera lo propio en su país.
Convendrá advertir, porque nunca está demás hacerlo, que ninguna experiencia es repetible por más exitosa que haya sido, pero con el mismo énfasis hay que decir que en los casos de Brasil y Bolivia ha existido un denominador común. Éste ha sido la abrupta toma de conciencia de que la legitimidad y representatividad sectorial no alcanzan cuando la marcha de la sociedad reclama un discurso y una práctica que no pueden ser sino de contenido universal. Los particularismos de los movimientos sociales son, a no dudarlo, la tierra fértil donde puede crecer la noción del interés público, pero éste reivindica para sí un accionar político que está mucho más allá del interés corporativo o sectorial. Este desafío, pues, sigue vigente en la Argentina.
(*) Sociólogo, Conicet
25 de octubre de 2009. NOTA PARA BAE
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